Como es tradicional en la organización y funcionamiento del curso a desarrollar se

pretende compaginar, temas de actualidad, con un estudio profundo desde un punto de

vista jurídico, de cuestiones que tienen especial relevancia para los ciudadanos.

Desde que se promulgó la Constitución Española de 1978, cuya entrada en vigor tuvo

lugar el 29 de diciembre de 1978, han transcurrido más de 47 años, por lo que hace

necesario una reflexión sobre el desarrollo que han tenido los derechos fundamentales, y

los derechos y libertades recogidos en la Constitución, la evolución de esos derechos, y

de su estado actual, teniendo en cuenta la realidad social que existe en el momento

actual, y la evolución que ha existido desde la promulgación de la Constitución

Española.

En estos 47 años de vigencia del texto constitucional, el más longevo de nuestra

historia constitucional, se ha producido, un desarrollo legislativo importante en la

protección de esos derechos, no solo de los derechos y libertades recogidos en la

Constitución, sino también una mayor y más completa regulación que tiende a hacer

realidad los principios rectores la política social y económica, como es la protección

integral de la familia, y en especial de los menores ( artículo 39), el acceso a la

protección de la salud ( artículo 43), a la cultura ( artículo 44), a la protección del

medio ambiente ( artículo 44), el derecho a disfrutar de una vivienda digna (artículo 45),

etc.

Desde la promulgación de la Constitución la realidad social también ha sufrido

profundas trasformaciones, pues si bien siempre ha existido un consenso en relación a la

protección y garantía de los derechos constitucionales, especialmente de los derechos

fundamentales y de las libertades públicas regulados en el titulo 1 capitulo 2 Sección

primera del texto constitucional, no existe. en el momento actual el mismo consenso en

cuanto a la protección y las medidas que se deben adoptar a fin de hacer realidad los

principios rectores la política social y económica, y en su caso la colisión que puede

existir entre unos y otros.

En el curso se pretende examinar los problemas que se derivan de la implantación y la

realización de los principios rectores de la política social y económica, regulados en el

Capítulo III del título I de la Constitución, sus límites y conflictos que se producen con

relación a los propios derechos de los ciudadanos recogidos en Título I, capitulo II,

sección 2 º, que lleva por título los derecho y deberes de los ciudades, entre los que se

recogen el derecho de propiedad privada (artículo 33) el derecho y el deber de trabajar

de los ciudadanos ( artículo 34) ; la libertad de empresa ( artículo 38), etc., lo que se

hace necesario, examinar los límites y garantías de estos derechos, y los límites y

contenido de los principios rectores de la política social, puesto que en no pocas

ocasiones las medidas que se puedan implementar pueden colisionar con otros

derechos, así el derecho a una vivienda digna, debe contemplarse desde el respecto y la

configuración del derecho de propiedad privada, o el derecho al medio ambiente

también debe contemplarse, con otros derechos y libertades, lo que hace necesario por

lo tanto un examen de todas estas cuestiones, como es el tema de la planificación de la

vivienda, del fenómeno de la ocupación de viviendas, los derechos medioambientales ,

etc.



A lo largo del curso, conforme al programa confeccionado, se pretende llevar a cabo un

estudio de a diferente configuración constitucional de los derechos y libertades

fundamentales, con el resto de los derechos reconocidos en la Constitución, las

garantías y eficacia de esos derechos, siendo especialmente relevante en la actualidad la

problemática jurídica y social que existe sobre la vivienda, tanto en relación al

derecho a una vivienda digna, extensión, efectos y garantías, como el respeto a la

propiedad privada, debiendo examinarse no solo la coordinación y coexistencia, de

esos derechos, sino también los conflictos que pueden platearse entre ellos, y la forma

de solucionarlos; lo mismo ocurre con relación al acceso a los cargos públicos en

igualdad, por mérito y capacidad, como en la necesaria responsabilidad de estos cargos

públicos y políticos, cuestión que si bien, no deja de estar de actualidad, quizá en el

momento actual, si cabe, lo es aún más, cuando algunos de los controles de dicha

conductas, no solo se están atenuando, sino directamente suprimiéndose, en perjuicio

del interés general, con las graves consecuencias de estas actuaciones pueden tener.