Por segundo año consecutivo, el Consejo General del Notariado celebra una intensa jornada de trabajo dentro de la programación de los Cursos de Verano de la UCM. En este año 2025 el tema a tratar ha sido la “Prevención del blanqueo de capitales: Territorios de riesgo, características de los mismos”.

Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado, asegura que la Universidad Complutense da mucha flexibilidad para la organización del curso, lo que les permite celebrarlo en una sola jornada y en su sede, aunque este año, por motivos logísticos, se ha llevado a cabo en el Colegio Notarial de Madrid. Considera García Fresno que poderlo celebrar en el centro de la ciudad y en un solo día facilita que los profesionales puedan asistir al curso sin tener que estar “tres o cuatro días fuera de su puesto de trabajo”. Viendo el resultado de la edición anterior, “que salió muy bien, la idea es repetir estos cursos bajo el paraguas de la UCM mientras surjan temas que los profesionales quieran escuchar”.

El éxito de esta edición de 2025 ya se nota en los cerca de 90 asistentes, entre “representantes institucionales, autoridades, profesionales de empresas y corporaciones, sujetos obligados (es decir, gente implicada en la parte de la prevención), estudiantes, notarios y otros operadores jurídicos, como abogados”.

García Fresno explica que la idea del curso es analizar territorios, porque “se habla mucho de territorios de riesgo y paraísos fiscales y la idea es dar diferentes perspectivas: tributaria, legal, operativa, judicial”.  Por parte del Consejo General del Notariado se ha hecho un estudio de 52 territorios para valorarlos en función de su riesgo y la idea de este curso ha sido presentar ese estudio, “lo que ha resultado ser un éxito de convocatoria y de asistencia, muy útil para ver las diferentes perspectivas sobre paraísos fiscales, los mal llamados paraísos fiscales, que aquí se denominan territorios de riesgo”.

Pedro Galindo, director del curso y de la OCP, ha afirmado en la inauguración de la jornada que “los territorios de riesgo no son un pequeño problema. En ellos confluyen aspectos, de una parte, estrictamente técnicos, y, de otra parte, profundamente políticos. Conceptualmente un territorio de riesgo es aquel que no tiene estructuras sólidas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, cuya jurisdicción no es cooperativa, que no tiene un conocimiento sólido sobre la titularidad real de sus sociedades…".

Ha aclarado además que el concepto territorio de riesgo y su aplicación práctica, para todos aquellos organismos que trabajan en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, “es de una extrema complejidad; aún más si lo unimos al mundo fiscal y tributario”. De ahí que en esta jornada se pretenda “arrojar un poco de luz sobre cuáles son las consecuencias y cómo se puede llegar a conclusiones razonablemente claras de qué es lo que tiene que hacer un sujeto obligado".

El jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) informa de que la elección de los ponentes ha sido relativamente sencilla, porque la idea era traer “a expertos de temas tributarios, legislativos, judiciales y policiales”, para que den la perspectiva de cómo funcionan realmente esos territorios de riego. Tiene claro, Mariano García Fresno, que “una cosa es la teoría y otra cosa es realmente cómo funciona el mundo en sí. Es importante saber cómo funciona realmente cuando pides información a un país, cuando solicitas determinada documentación o cuando pides que se bloqueen unos bienes”.

Aparte de los propios Pedro Galindo y Mariano García Fresno han completado el panel de expertos, Lourdes Jiménez Ramos, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; Juan José Fernández Sánchez, jefe de la Asesoría Tributaria de la Dirección General de Tributos; Rosa Ana Morán Martínez, fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, y Francisco Córcoles Martínez, responsable de la Unidad de Análisis de Blanqueo de Capitales del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).