17 JUL 2026 - 13:37 CET

Sofía Batistapau

Este jueves, y en el marco del curso La Constitución de 1978, ¿en cuidados intensivos o ya en paliativos?, dirigido por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Almenar Belenguer, se celebró una mesa redonda titulada La relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo (1978 a 2026). ¿Quién controla a quién? Efectos en el sistema democrático. En ella participaron la expresidenta del Congreso Ana Pastor, el médico y exsecretario general de Sanidad José Martinez Olmos y la eurodiputada María Teresa Pagazaurtundúa. Los participantes analizaron la evolución de la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo desde 1978 y alertaron sobre los riesgos que suponen la polarización, el abuso de los decretos ley y la pérdida de la cultura del consenso. En este sentido, la exministra aseguró que  “se está privando al Parlamento de la potestad legítima de debatir los términos de nuestras leyes”.

 En este contexto, Ana Pastor repasó la evolución del parlamentarismo español y recordó que la Constitución diseñó un sistema de “parlamentarismo racionalizado”, en el que “el Gobierno nace de la confianza del Congreso”. Asimismo, Pastor advirtió que el creciente uso del real decreto ley ha alterado ese equilibrio y defendió la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso.

Por otro lado, Martínez Olmos defendió además el importante papel que mantiene el Gobierno central en la garantía de la igualdad entre ciudadanos, especialmente en materias como la incorporación de nuevos medicamentos, la coordinación sanitaria o la regulación de la inteligencia artificial aplicada a la salud. En este sentido, el médico opinó que preservar un sistema sanitario universal exige “consenso y una cooperación constante entre el Estado y las comunidades autónomas”.

Por último, desde una perspectiva centrada en el Estado de derecho y la memoria democrática, María Teresa Pagazaurtundúa afirmó que “la Transición no fue un pacto de desmemoria, sino un pacto de conciencia sobre la tragedia que había vivido nuestro país para que no se repitiera”, y defendió que proteger la separación de poderes implica garantizar que “no haya abuso de poder”.

Durante el desarrollo de este curso patrocinado por la Fundación para la Magistratura y Telefónica, los tres ponentes coincidieron en defender que el modelo constitucional de 1978 continúa ofreciendo un marco sólido para el funcionamiento del Estado. Asimismo, también subrayaron la necesidad de reforzar algunos mecanismos institucionales y recuperar una cultura basada en el acuerdo.

La mesa redonda concluyó con una idea compartida: reforzar las instituciones, recuperar la capacidad de acuerdo y preservar la separación de poderes siguen siendo condiciones esenciales para garantizar la calidad democrática.

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